Esto quiere decir que un documento electrónico (en formatos como XML , PDF , Word , Excel ) firmado digitalmente tiene la misma validez que si estuviera firmado a mano. Para que esta igualdad exista, el certificado digital con que se firma el documento electrónico debe ser emitido bajo las políticas de una entidad certificante licenciada por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), que hasta hoy son únicamente la Anses y la AFIP. “Sin embargo hay otros organismos y algunas provincias queriendo certificar sus procesos para poder emitir sus propios certificados digitales”, dice a LA NACION Alfredo Rodríguez, gerente de Canales LATAM de MacroSeguridad Latino América, empresa que provee soluciones de seguridad.
Impronta binaria
La legislación vigente posibilita dos tipos de firmas no hológrafas: la electrónica y la digital. Ambas pueden ser utilizadas, salvo excepciones, con los mismos alcances de una firma manuscrita. “Técnicamente no hay diferencia alguna, la distinción la causa la ley argentina, determinando que es firma digital siempre y cuando la organización que emite los certificados esté licenciada por el gobierno nacional. En cambio si la organización emisora no está licenciada, los certificados que se emiten son bajo el concepto de firma electrónica “, explica Norberto Mazas, gerente de Ventas de CertiSur.
Beneficios y obstáculos
Las ventajas que representa la utilización de la firma digital son muchas, entre ellas se destacan la despapelización , la posibilidad que ofrece de la implementación de procesos y circuitos más ágiles, más seguros y confiables. Además reducen sensiblemente los costos de operar en el mundo físico. “Permite probar inequívocamente que una persona firmó un documento digital, en el carácter de qué y que dicho documento no fue alterado”, agrega Alicia Bañuelos, rectora de la Universidad de La Punta (ULP), de la provincia de San Luis.
Además, Aníbal Carmona, presidente y CEO de Unitech -empresa que se dedica al desarrollo de sistemas, integración de soluciones y servicios tecnológicos-, destaca: “Puede ser utilizada sin la necesidad de presencia física, permitiendo la ubicuidad de su uso y también autocontiene, en su certificado, la certificación de identidad y cargo que se expresa en el acto que se está firmando, es decir no requiere de escribanía pública”.
Sin duda, uno de los principales obstáculos por sortear para lograr su masificación es el cambio cultural, para aceptar que esta firma es tan válida como la manuscrita. Otro punto que añade el ejecutivo de MacroSeguridad es el almacenamiento: “Es necesario garantizar el almacenamiento seguro del certificado digital del usuario”.
Mientras que Ana María Boiero, secretaria de Informática del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, aclara: “Mientras no haya una política de inversión sostenida en tecnología, muchos de los actores del sistema van a seguir quedando afuera”.
Experiencias
Cada vez más empresas y organismos pertenecientes tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales comenzaron a utilizar la firma digital o electrónica para sus labores diarias.
En el nivel nacional la AFIP tiene profundamente implementado el sistema a través de la clave fiscal (dígitos) y ha comenzado con la implementación de la firma digital para todos los actos de los contribuyentes. También la Anses ha comenzado su implementación.
Dentro de las provincias, San Luis es una de las que toma la delantera en el tema. Cuenta con la ley V-0591-2007 de adhesión a la ley nacional y el decreto reglamentario 428-2008, que organiza la infraestructura provincial que la sustenta: el ente licenciante (Universidad de La Punta), la autoridad certificante licenciada (Instituto de Firma Digital de la provincia) y las autoridades de registro.
En esta provincia, el Superior Tribunal de Justicia posee un sistema de gestión informática que aplica tecnología de firma digital a todos los movimientos de los expedientes en trámite.
“Lo más difícil es imponer la cultura en el usuario final, especialmente si se trata de un recurso humano tan formal y conservador como el que conforma estas estructuras, pero cuando lo incorporan ya no pueden prescindir de él”, revela Boiero.
Además, el gobierno de San Luis está implementando la cédula de identidad provincial electrónica (CIPE) que contendrá un dispositivo criptográfico con la firma certificada por el Instituto de Firma Digital de San Luis para los ciudadanos de la provincia. “Esto permitirá que todos los habitantes puedan realizar, entre otras cosas, trámites a distancia, con la misma eficacia y validez legal que tendría presentarlo firmado en un papel”, explica Bañuelos.
Dentro del sector privado se destaca la implementación realizada por el Banco Santander Río. En esta entidad, todos los clientes de Banca Institucional, Pyme y Corporativa deben necesariamente utilizar el servicio de certificados digitales provisto por CertiSur – representante de Verisign – para concretar las operaciones bancarias (transferencias, pagos, pedido de chequeras) que cursan por medio de Internet. “Además hace dos años que se comenzaron a utilizar los certificados digitales para la autenticación y la firma de operaciones en la plataforma Mobile Banking para BlackBerry para empresas”, añade Juan Pablo Gutiérrez Broussaingaray, responsable de Productos de Banca Mayorista del Banco Santander Río.
Antes de concluir y para brindar un panorama del camino que promete encauzar la firma digital basta con observar los números que arroja la encuesta sobre seguridad en Internet que anualmente realiza CertiSur. Allí se observa que más del 50% de los internautas afirman que realizarían transacciones en la Red si se les brindara mayor seguridad.
“No hay duda de que la firma electrónica constituye un factor decisivo para brindar esa mayor seguridad que los usuarios están reclamando”, destaca Mazas.
Fuente:
Cintia Perazo
Diario La nación
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Imagen:
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